Hilda Aguirre de Soria sumó su apoyo al proyecto de régimen de empleo protegido para personas discapacitadas

La senadora nacional Hilda Aguirre de Soria acompañó días atrás con su voto, el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer un “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, con motivo de promover la inclusión social de las personas de ese sector de la sociedad.


Lo hizo en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; de Población y Desarrollo Social y de Presupuesto y Hacienda del Congreso. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de junio último como Proyecto de Ley P.E 58/2012.

La senadora indicó que esta legislación apunta a derogar la ley 24.147 -que nunca llegó a ser reglamentada- y prevé la creación de talleres protegidos especiales para el empleo y regularización de los ya existentes con apoyo del Estado.

Hilda Aguirre de Soria puso de manifiesto que tal iniciativa tiene como objetivo saldar una deuda con la sociedad, considerando que la inclusión social de los discapacitados se logra a través de la inserción laboral y el reconocimiento de sus derechos.

Este proyecto incluye reformas en cuanto a las condiciones de trabajo, la cobertura social y la cuestión previsional. Uno de los cambios más importantes que se prevén en cuanto a la legislación actual, es que se reemplace la categoría jurídica de los talleres productivos. Hasta ahora, eran empresas y para la AFIP eran vistos como deudores.

Por eso, a la hora de comprar maquinarias, por ejemplo, no podían por ser considerados morosos. También, la ley 24.147 ponía al discapacitado en una situación de cuidado terapéutico, que, “no permitía desarrollar y dejar crecer al trabajador”.

La nueva ley, que se suma a un decreto que incluye financiamiento del Banco Nación, les permite a los talleres cancelar las deudas, tomar créditos a tasas bajas, les da la categorización de trabajador a los empleados, y permite acceder al sueldo básico y a cobrar obra social y desarrollar igualdad de derechos a quienes trabajan en estos espacios.

La legisladora nacional manifestó asimismo que el Ministro de Trabajo expresó que la propuesta dispone “un conjunto de estímulos y de subsidios” que van a permitir “regularizar la situación de una serie de talleres que existen y están en una situación de semi irregularidad, siendo aproximadamente unos 315 talleres y 7 mil trabajadores” y que garantizar la inserción laboral plena de personas con capacidades diferentes “es algo en lo que Argentina todavía está en deuda”

A su vez señaló, que el titular de la cartera laboral ya ha presupuestado los fondos para hacerse cargo de los subsidios de los dos primeros años que establece el régimen, indicando que a su vez el proyecto del PEN crea tres tipos de talleres: el Taller Protegido Especial de Empleo (TPEE); el Taller Protegido de Producción (TPP) y los Grupos Laborales Protegidos (GLP) e indica que podrán ser organismos responsables de las dos primeras modalidades las entidades públicas o privadas sin fines de lucro con personería jurídica propia.

Los TPEE serán de inclusión social y capacitación en tanto los TPP serán productivos y los GLP de trabajo más formal. La protección comprenderá a personas con discapacidad, cuyo nivel de capacidad será previamente evaluada para su inserción en los grupos, y que estén desocupadas o tengan escasa productividad.

El proyecto de ley, apunta a que todos puedan acceder a un trabajo digno y prevé la realización de talleres por parte del Estado, para quienes necesiten capacitación en diferentes áreas, también incluye la posibilidad de que en algunos emprendimientos haya un sector que específicamente sea atendido por trabajadores con alguna discapacidad.

La ley que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad contempla diversas ventajas para los trabajadores con capacidades especiales. La intención es que se creen más talleres productivos que hasta ahora; en su mayoría, deben autosustentarse.

Sin embargo, el último censo nacional, realizado en 2010, arrojó que en la Argentina el 14,5% sufre algún tipo de discapacidad (casi 6 millones de personas), siendo la mayoría afectados en sus habilidades intelectuales o mentales. A esta población es a la que está orientada la modificación de la Ley de Régimen de Empleo Protegido.

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