El Senado de la Nación

DECLARA

Su más enérgico repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de quitar del Presupuesto Nacional las partidas compensatorias del punto de Coparticipación Federal perdido en 1988 por la provincia de La Rioja.

Hilda c. Aguirre

FUNDAMENTOS

SEÑORA PRESIDENTA:

El régimen de coparticipación de recursos entre la Nación y las provincias se rige por la ley 23.548 sancionada en 1988 (bajo la administración de Raúl Alfonsín),modificatoria de la Ley de Coparticipación Federal aprobada en 1973.

Uno de los protagonistas de aquel proceso legislativo y político, el ex senador y diputado nacional justicialista Jorge Yoma, recordó en un artículo periodístico publicado en 2013:“(la sanción de la ley 23.548) fue un verdadero despojo que condenó al desfinanciamiento de dos provincias argentinas; La Rioja, que perdió un punto de coparticipación (hoy $1.500 millones) y Buenos Aires que perdió seis puntos (más de $ 10.000 millones), respecto del Acuerdo Financiero Transitorio entre la nación y las provincias que regía”.

Los especialistas parecen coincidir con Yoma, pues señalan que “a diferencia de la ley del ’73, que incluía pautas de distribución objetivas, los criterios de la del ’88 surgen de la distribución efectiva concretada entre 1985 y 1987. En definitiva, de la capacidad de negociación que tenían por entonces los gobernadores. (…)La ley del ’88 se sancionó en un período crítico, con enormes problemas fiscales y sin análisis ni discusión suficientes. Los porcentajes de distribución fijados a cada provincia fueron bastante arbitrarios”.

En realidad, el objetivo político perseguido fue obligar al gobernador riojano de entonces, Carlos Saúl Menem, a peregrinar todos los meses por el dinero para los sueldos y jubilaciones estatales. En otras palabras, el acuerdo entre el radicalismo gobernante y un sector de la oposición peronista apuntaba a asfixiar financieramente a la provincia de quien asomaba como el principal aspiranteopositor a la Presidencia de la Nación.

Continúa Yoma: “Ante el reclamo de Menem por este atropello se decidió la creación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con tres puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipable, para atender las urgencias financieras de nuestras provincias (…), firmándose el Acta respectiva ante el Ministro del Interior (…) con el compromiso de garantizar para La Rioja la suma de 90 millones de australes por año y el resto para atender los desequilibrios financieros de las provincias, fundamentalmente Buenos Aires”.

Más adelante, “Menem fue electo presidente y el encargado de reparar aquella injusticia, creando, por iniciativa de Duhalde, el Fondo del Conurbano Bonaerense afectando para ello un porcentaje del Impuesto a las Ganancias. Luego ese porcentaje fue sustituido por una suma fija que hoy parece una broma: $650 millones(…) En cuanto a La Rioja, Menem siguió asistiéndola con $250 millones en ATN. De La Rúa lo redujo a $189 millones, pero a cambio incluyó dicha asistencia en la Ley de Presupuesto…”

Así llegamos hasta el presente. Negociando cada año el monto de las partidas extracoparticipables que habrían de anexarse. O por lo menos así fue, hasta que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Presupuesto Nacional para 2018, elaborado por la administración de Mauricio Macri, asignando cero pesos, o sea nada, a la partida compensatoria…

La eliminación lisa y llana de aquellos recursos, que según las estimaciones del Gobierno de La Rioja rondaría los 5.600 millones de pesos, aparece como unejemplo torpe, brutal de lo que le pasará a los gobernadores “díscolos”. Y es, a la vez, el correlato lógico de la política de distribución de la obra pública con la cual Cambiemos castiga a los opositores y premia a los “amigos” desde que llegó al Gobierno.

Estas prácticas, más propias de la omertá y la famiglia, quede las instituciones de la república, ponen en grave riesgo a la democracia y lesionan los principios constitucionales del federalismo. Por lo tanto, nosotros, ciudadanos y actores principales del sistema político argentino, no podemos menos que rechazar estas conductas por indignas y antidemocráticas, solicitando al Ejecutivo que revea lo actuado y provea los recursos que de manera legítima y justa le corresponden a la provincia de La Rioja.