Por estos días, La Rioja quedó en el centro de la escena nacional a partir de la decisión del Gobierno de la Provincia de declarar “al litio y a sus derivados como recursos naturales estratégicos”, según lo estipula la Ley N° 10.608 aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre último.

Dos factores hacen que la discusión trascienda al escenario internacional: la alta demanda mundial de un metal que cobra relevancia en la actualidad por su uso indispensable en las nuevas tecnologías; y porque la distribución geográfica del mismo hace que la región del noroeste argentino (en un triángulo estratégico con Bolivia y Chile) sea de un potencial único a nivel global.

Lejos de esquivar una centralidad que provoca fervorosos debates, en los que tienen directa participación los sectores de mayor poder económico -y con ello, la posibilidad de amplificar su posicionamiento, condicionamientos e influencias-, el gobernador Ricardo Quintela dio muestras reiteradas de afrontar una gestión que ha decidido firmemente desterrar el estigma que llevamos las y los riojanos desde la cuna: ser una provincia pobre por designio natural y político.

La voz que el compañero Quintela alzó en el estrado donde se debaten los temas de fondo que hacen al devenir de nuestro país retumba en las grandes corporaciones empresariales que históricamente se apropiaron de los recursos naturales, con ganancias y utilidades desmedidas, y sin contemplar la posibilidad de un crecimiento real de los pueblos en los que se desarrollan los emprendimientos mineros.

Como es usual, en Argentina los grandes operadores mineros nacionales e internacionales no están solos en la defensa de sus intereses. Cuentan con el servilismo político de Juntos por el Cambio; con su propia milicia comunicacional, encabezada por Clarín y La Nación; y con el escudo del partido judicial, liderado por la Corte Suprema.  Lo hemos visto en todos los temas que involucran a sectores del poder económico en puja con el Estado defendiendo los intereses populares. Este caso no es la excepción.

Aviesamente ignoran las mineras y sus socios que la decisión del Gobierno de La Rioja se sustenta en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que expresamente otorga “a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Ese derecho constitucional es, nada más y nada menos, lo que La Rioja plantea en forma taxativa a través de la ley provincial que tanto agravio les causa.

La norma -catalogada de “polémica” por cierta prensa canalla- dispone que la Función Ejecutiva tomará (y lo está haciendo) “las medidas administrativas necesarias para fomentar el aprovechamiento del litio de la manera que mejor importe al desarrollo del modelo de sostenibilidad del Estado Provincial”.

Por la misma razón y fundamento constitucional, las y los legisladores riojanos dispusieron que “tendrán fundamental preponderancia las empresas del Estado, las que gozarán de un derecho de preferencia y/o prioridad de descubrimiento y/o de cualquier otro derecho minero en las zonas de interés” (Art. 5° Ley N° 10.608). Sucede que, como ya dijo el Gobernador, hasta el momento “todos” son -o quieren ser- “propietarios de las minas de La Rioja, menos los riojanos”.

Si entendemos que tenemos posibilidades reales de emprender una industria con un potencial genuino, a partir de condiciones geográficas y de decisiones políticas concretas, ¿no es ridículo que pretendan que les regalemos nuestra fuente de riqueza a cambio de espejitos de colores? Lo sentimos. A esa historia ya la vimos.

Por eso, con los inversores privados podemos entablar una discusión abarcativa, responsable, seria, en la que quede en claro cuáles son los intereses y beneficios concretos de los sectores intervinientes, con la insoslayable participación de las nuevas miradas ambientalistas. Pero a las reglas del juego las impone el Estado, no el mercado.

Finalmente, por si alguna duda cabe:

• Las y los riojanos estamos férreamente encolumnados detrás de nuestro gobernador y de su defensa irrestricta del federalismo, de la autonomía de la provincia y del desarrollo económico con justicia social.
• El litio es de las riojanas y los riojanos y lo vamos a defender,

Hilda Aguirre

Diputada Nacional

Frente de Todos – La Rioja