La senadora nacional Hilda Aguirre de Soria presentó un proyecto de comunicación a través del cual el Senado de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, sugiera a las municipalidades del país autoricen la instalación de antenas de telefonía celular a una distancia mínima de 500 metros fuera del límite del ejido urbano poblacional.

La legisladora riojana explicó que este proyecto responde a numerosos pedidos de ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales preocupados por las consecuencias de la proliferación de antenas satelitales de telefonía celular instaladas en zonas densamente pobladas.

Asimismo dijo que sabiendo la intensidad del debate que este tema genera, en particular por la dimensión de los intereses económicos involucrados, al mismo tiempo, afirmó que nos parece útil, necesaria y urgente la discusión poniendo todos los elementos a la vista y que, en todo caso, en el transcurso del proceso parlamentario salga el mejor proyecto resultante del consenso.

En este sentido expresó, estamos convencidos que el marco y sustento legal actual dado entre otros por la Resolución Nº 530/2000, en consonancia con la Resolución Nº 202/95, ambas de la Secretaría de Comunicaciones, resulta precario. No obstante, nada impide que por prevención se vayan tomando medidas.

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud de las personas. Luego de ver la legislación de numerosos países y de una indagación bibliográfica relativa a las consecuencias de las radiaciones sobre la salud humana, la CNC produjo un documento según el cual las emisiones electromagnéticas de las antenas de telefonía pueden ser perjudiciales si no se limita y controla la potencia de los equipos, llegando a las siguientes conclusiones:

– La exposición a ondas de radio puede ser peligrosa si es intensa. Los posibles daños incluyen cataratas, quemaduras externas e internas y golpes de calor.

– Los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de energía absorbida por el cuerpo humano, independientemente de la frecuencia irradiada y de la duración de la exposición.

– Existe suficiente investigación para establecer normas de seguridad.

El daño ambiental -dice la doctrina- es una especie del “daño injusto, que consiste en una agresión directa al ambiente, provocando una lesión indirecta a las personas o cosas por una alteración del ambiente, a veces visible y otras invisible», o en lo que denominamos “impacto ambiental”, que consiste en la “afectación mediata de la calidad de vida de quienes habitamos el planeta”.

El rol del Estado en la tutela ecológica resulta innato. No obstante ello, la acción de los particulares, a través de modernas herramientas jurídicas, se transformó hace unos años en un impensado mecanismo de control social y surgente instrumento de “presión preventiva” sobre la actividad del agente contaminante por excelencia, la empresa.

Es entonces el Estado en su Poder Legislativo quien debe dictar las normas para ser cumplidas o, en su caso, establecer las pautas preventivas para que accione el poder administrador con su poder de policía.

Aquí hacemos hincapié en el aspecto preventivo, porque en esa dirección se inscribe el presente proyecto. No obstante, existe el convencimiento -de manera indiscutible- en ámbitos académicos y científico del daño a la salud que producen estas antenas, colocadas en zonas inadecuadas, aseveró.

Comparativamente, por ejemplo, en Nueva Zelanda las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de distancia de las escuelas. En España se han comenzado a resituar las antenas ante numerosas quejas vecinales. En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias mínimas para la instalación de antenas de los centros urbanos. El gobierno británico, por su parte, ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para evitar su cercanía a escuelas y zonas habitadas.

Demás está decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación electromagnética que producen las diferentes antenas que cumplen servicios de comunicaciones satelitales o celulares, que no tienen regulación en cuanto a potencia y lugar de instalación.

La instalación de estos equipos a partir de la falta de regulación por ley general se ha desarrollado en la totalidad de los centros urbanos del país ocupando espacios físicos rodeados de viviendas, escuelas, centros de salud y otras instituciones (centros urbanos densamente poblados), desconociendo la existencia de estudios científicos que advierten sobre los riesgos en la salud que esta acarrea (por ejemplo: insomnio, malformaciones congénitas, leucemia, aumento de abortos espontáneos, etc.).

El principal problema de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por los sentidos, por lo cual los cuerpos la reciben a diario sin mostrar signos iniciales de afectación. Esta radiación traspasa paredes, vidrio, chapas dejando a nuestro organismo expuesto constantemente.

Esta radiación imperceptible para el ser humano, es perfectamente detectable por instrumentos específicos y existen estudios científicos que han aportado pruebas suficientes de que es necesario adoptar un principio de precaución frente a este riesgo. Para ello es necesario establecer reglas claras para que las empresas que instalan estas antenas y equipos ajusten sus operaciones técnicas a principios que preserven la salud y la calidad ambiental.

Por todas estas razones que se explicitan en los fundamentos de esta iniciativa, la legisladora solicita que las antenas que se coloquen en adelante por prevención se hagan como lo solicita la parte dispositiva del presente proyecto, siendo los municipios, por competencia concurrente, los encargados de adecuar su normativa o sus decisiones a través de la autorización, para que así se haga.